Información de la Secretaría de Estado de California. Todos los enlaces llevan a un sitio oficial del gobierno.
Los títulos y resúmenes vienen palabra por palabra de la traducción oficial de la guía para el votante de la Secretaría de Estado.
Autoriza la emisión de $11.25 mil millones en bonos de obligación general del estado para programas de vivienda asequible, incluidos programas de vivienda multifamiliar de alquiler, préstamos hipotecarios para veteranos, viviendas con servicios de apoyo, preservación de viviendas asequibles existentes y asistencia para el pago inicial.
Aumenta el Fondo de Reserva de California, aprobado por los votantes en 2014, para proporcionar fondos destinados a la educación, la atención médica, la seguridad pública y otros servicios esenciales durante las recesiones económicas.
Hace permanentes las tasas impositivas vigentes aprobadas por los votantes para las personas con ingresos superiores a $371,000 (ajustados anualmente por inflación). Asigna los ingresos fiscales a la educación pública.
Deroga la prohibición de que los gobiernos estatales y locales otorguen financiamiento público a las campañas electorales de candidatos. Los programas de financiamiento público no podrán utilizar fondos asignados a la educación, el transporte o la seguridad pública.
Conforme a la ley vigente, los votantes eligen a los candidatos de reemplazo al mismo tiempo que se celebra la elección de destitución. En su lugar, esta medida llena las vacantes por destitución mediante una elección especial posterior o por nombramiento.
Autoriza $25 mil millones en bonos para ofrecer a los compradores elegibles préstamos hipotecarios con tasa de interés fija por hasta el 17 % del precio de compra de una vivienda de nueva construcción con un precio inferior a aproximadamente $1.5 millones. Los prestatarios deben ser residentes de California, ocupar la vivienda, cumplir con los límites de ingresos y pagar al menos el 3 % de pago inicial. Los bonos se reembolsan mediante los pagos de las hipotecas, no por el estado.
Autoriza $8.4 mil millones en bonos de obligación general para la investigación en inmunología e inmunoterapia, de los cuales la mitad se destinará a un único instituto de investigación médica sin fines de lucro afiliado a la Universidad de California y la otra mitad a subvenciones para investigación.
Invalida las boletas de voto por correo que no tengan escritos en el sobre los últimos cuatro dígitos del número de identificación oficial designado. Prohíbe votar en persona sin presentar una identificación oficial.
Impone un impuesto del 5 % a ciertos contribuyentes con activos superiores a $1 mil millones; los ingresos se destinarán principalmente a la atención médica. Exime esos ingresos de los requisitos constitucionales relativos al financiamiento de las escuelas y del límite de gasto.
Anula los impuestos estatales promulgados después del 1 de enero de 2026 que eximan los ingresos que generan del límite de gasto estatal aprobado por los votantes. Exige auditorías antes de las elecciones y auditorías periódicas de los programas financiados mediante nuevos impuestos especiales.
Prohíbe todo nuevo impuesto estatal (1) sobre la propiedad de bienes personales (todos los bienes que poseen las personas, excepto los bienes inmuebles), o (2) que se aplique retroactivamente en función de las actividades pasadas del contribuyente. Anula los impuestos promulgados después del 1 de enero de 2026 que entren en conflicto con esta medida.
Limita la capacidad de los votantes para aprobar impuestos especiales locales propuestos por los votantes al aumentar el porcentaje de votos necesario para aprobar tales medidas electorales de una mayoría (más del 50 %) a dos tercios, a partir del 1 de enero de 2027.
Impone sanciones a los Centros de Salud Federalmente Calificados sin fines de lucro (clínicas de salud comunitarias que brindan atención primaria en áreas y a poblaciones con acceso insuficiente a servicios médicos) que destinen menos del 90 % de sus ingresos a “servicios del programa” que promuevan su finalidad benéfica, incluidos, entre otros, los servicios para pacientes.
Modifica la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) para agilizar la revisión ambiental de ciertos proyectos (incluida la mayoría de los proyectos de vivienda, transporte, agua y salud) mediante el establecimiento de plazos para completar la revisión ambiental y resolver las demandas que impugnen la aprobación de los proyectos.